Los expertos y México fijan las reglas para seguir investigando el caso Iguala

Los expertos independientes del caso Ayotzinapa y el Gobierno mexicano anunciaron este martes en Washington la firma de un pliego de “compromisos” que permite, de facto, prolongar la misión del equipo internacional que ha dado un vuelco a la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala hace ahora un año y un mes. Aunque aún falta el anuncio formal de la continuación del mandato, que hará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los “próximos días”, no caben dudas ya de que los expertos internacionales seguirán buscando la verdad en uno de los casos que han puesto en jaque al Ejecutivo de Enrique Peña Nieto.

“Desde el principio dijimos al Estado que para esta nueva etapa necesitaríamos nuevas herramientas, reglas prácticas para esa nueva fase que va a tener nuevas exigencias y desafíos en términos de la investigación. Este acuerdo son las nuevas reglas”, explicó en rueda de prensa el español Carlos Beristain, uno de los cinco miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrados hace un año.

En el pliego de “compromisos”, firmado el lunes pero revelado este martes, el Gobierno cede prácticamente a las principales condiciones del GIEI para la segunda fase que se abre ahora en la investigación.

Un acuerdo con diez compromisos

México accede a sacar la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). El caso Ayotzinapa pasará, “de forma inmediata”, a un “nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, que será el que lleve “de forma exclusiva” esta segunda parte de la investigación, en la que se incluye además el informe preliminar del GIEI, que pone en duda la versión oficial de los hechos. El Gobierno también ha aceptado que se conforme un nuevo equipo de investigación “con experiencia” y de “confianza” tanto con la procuradora como con los miembros del GIEI, así como a “planificar de forma conjunta una ruta de investigación, tomando en cuenta las informaciones existentes y las nuevas líneas incluidas en el informe”.

Aunque los expertos no consideraban necesario hacer un nuevo peritaje del basurero de Cocula, puesto que ya han concluido que no fue allí donde se incineraron los cuerpos de los normalistas, han accedido a la petición de la Fiscalía de que se realice un “nuevo estudio sobre la dinámica del fuego” en ese lugar. Eso sí, bajo tres condiciones: que tanto los objetivos como las condiciones para ese nuevo peritaje sean establecidos “de común acuerdo”, que también sea tomada “de forma conjunta” la decisión sobre los “perfiles y la elección definitiva de los peritos” y, finalmente, que la forma en que se haga el estudio sea “consensuada” previamente.

Entre los diez puntos del documento se incluye también una cláusula de “confidencialidad de la información” para el Estado. Durante la audiencia de la CIDH en la que se presentó el informe, Beristain había aludido directamente a este punto al subrayar la importancia de “evitar la difusión de nueva versiones no contrastadas que generen mayor confusión e impacto en las víctimas”.

Según el español, el documento firmado da las garantías necesarias para poder continuar el tiempo que haga falta la investigación, tal como han pedido tanto el Gobierno como los familiares de los desaparecidos.

“Consideramos que el nivel de concreción es lo suficientemente preciso para hacer nuestro trabajo bien, aunque obviamente habrá que negociar”, señaló al respecto Beristain.

El Batallón 27, una traba en las investigaciones

Y que hace falta negociar aún bastante es algo que quedó claro este martes en Washington. Sobre todo en el tema que más ha trabado los últimos meses la relación de los expertos con el Gobierno: el interrogatorio de los militares del Batallón 27 que fueron testigos de los hechos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

Ante los relatores de la CIDH, los representantes del Estado mexicano y los de los desaparecidos, los expertos independientes volvieron a enfatizar su deseo de interrogar directamente a los militares, aunque evitaron ponerlo como condición innegociable para continuar su mandato.

Como ha sucedido en los últimos meses, se encontraron una vez más con la respuesta “evasiva”, en palabras de la fiscal colombiana Ángela Buitrago, de un ejecutivo que se ha negado de forma repetida a permitir un careo entre los expertos y los soldados que podrían arrojar algo más de luz sobre lo que sucedió esa fatídica noche de septiembre.

“Para nosotros está claro que ellos (los militares) estuvieron presentes en varios momentos de la noche del 26 y el 27. Lo que tenemos son dudas, y por eso solicitamos la entrevista directa o la entrevista en el marco de la investigación con nuestra presencia y nuestra posibilidad de hacer las preguntas”, explicó la exfiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz en posterior rueda de prensa.

“Esta diligencia tiene que hacerse a través del Ministerio Público”, replicó, tanto en la audiencia como ante los micrófonos de los periodistas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa. “Habrá de hacerse, si así lo deciden, por conducto y a través del Ministerio Público”, insistió.

“Lo que no entendemos es por qué en el caso concreto del Batallón, siempre ha una respuesta evasiva frente a la necesidad que tenemos nosotros de recibir las declaraciones”, lamentó al respecto la colombiana Buitrago.

"Hasta que la verdad sea esclarecida"

En lo que sí coincidieron todos los implicados este martes fue en la necesidad de que los expertos del GIEI continúen su mandato.

Aunque previsiblemente la CIDH asuma el plazo de seis meses propuesto por el Gobierno mexicano, los representantes de las víctimas pidieron que no se fije necesariamente un plazo límite.

“Saludamos la propuesta inicial de prorrogar por seis meses” el mandato, dijo Santiago Aguirre, abogado de los familiares de los normalistas desaparecidos en Iguala. No obstante, agregó, “solicitamos que tomen en consideración las legítimas y razonables peticiones sobre una permanencia más extendida (…) hasta que la verdad sea esclarecida”, agregó.

En un país “donde la impunidad se ha vuelto la regla” y donde la desaparición de 43 estudiantes “ni es atípica ni es excepcional”, el trabajo de los expertos es “hoy una de las pocas esperanzas que alumbran la crisis mexicana”, subrayó.